El Partido Popular vuelve a impulsar medidas sociales para los jóvenes, especialmente en el ámbito rural
Los diputados nacionales por Ciudad Real, Carmen Fúnez y Enrique Belda, han participado activamente en la consecución de nuevas iniciativas sociales, en este caso para las personas más jóvenes, que se han aprobado en el Congreso gracias a que el Partido Popular es el primer grupo de la cámara y promueve la cultura del pacto en los órganos de representación.
La Comisión de Juventud e Infancia del Congreso ha aprobado tres iniciativas del Grupo Parlamentario Popular relativas al mundo rural, familias con miembros discapacitados a su cargo y formación en finanzas para jóvenes. En este sentido, la cámara solicita al Gobierno implantar medidas de conciliación en el mundo rural y financiar o cofinanciar recursos en favor de las familias. También pide al Ejecutivo que fomente, en colaboración con las CCAA, la conciliación de las personas que viven en el mundo rural, facilitando el cuidado de niños y mayores en aquellos municipios con menos población. Recuerdan Fúnez y Belda que uno de los grandes desafíos de la España actual es combatir la despoblación y desarrollar el entorno rural, puesto que la sostenibilidad de nuestro modelo de bienestar y la calidad de vida de las generaciones futuras depende en gran medida de estas cuestiones.
“Las personas jóvenes de nuestras ciudades y pueblos valoran positivamente vivir aquí, pero en ocasiones sus expectativas chocan con la realidad, por la dificultad de acceder a servicios básicos”, indican, al tiempo que apuntan que conciliar debe ser compatible con vivir en nuestros pueblos y también con buscar nuevas oportunidades de empleo. Los estudios más recientes, informan los diputados “populares”, siguen mostrando tendencias preocupantes en el entorno rural como son el envejecimiento, la escasa natalidad o el éxodo rural femenino, por ello el apoyo a las familias y la aportación de servicios a las zonas rurales o menos pobladas son pilares sobre los que debería sustentar la acción del Gobierno frente al reto demográfico.
Por otra parte, el Partido Popular también ha pedido al Gobierno, con el respaldo de la mayoría del Congreso, medidas eficaces y efectivas para ayudar a las familias que tienen a su cargo una persona menor o joven con discapacidad. “Los poderes públicos y la sociedad en su conjunto tienen la obligación de idear instrumentos y ejecutar políticas que garanticen el bienestar de los diferentes modelos de familia, y, al mismo tiempo, reconocer la labor fundamental que éstas desempeñan”, señalan Fúnez y Belda. Cuando una familia cuenta entre sus miembros con un menor o un joven con discapacidad han de asumir un reto mayor, pues suelen invertir considerables cantidades de dinero al año en tratamientos y terapias (si la discapacidad es intelectual, la inversión es mucho mayor). Recuerdan que es inaplazable ayudar a las familias mejorando las prestaciones y servicios y promover medidas de acción positiva en el ámbito de la fiscalidad bajando impuestos, especialmente el IVA de los productos básicos como la carne, el pescado y las conservas.
También se ha recordado en sede parlamentaria que la tasa de pobreza infantil es alarmantemente alta, y exigen al Gobierno que aborde de una vez por todas este problema estructural. “Las familias con hijos con discapacidad son un claro ejemplo de generosidad y resiliencia que demandan apoyo adicional de los poderes públicos y del resto de la sociedad”, han aseverado.
Por último, los diputados “populares” continúan denunciando la falta de educación financiera de niños y jóvenes, “que les anticipa un futuro de problemas”. Por ello, Fúnez y Belda consideran que es imprescindible, en un contexto económico cada vez más incierto y complejo, dotar a las nuevas generaciones de las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas sobre sus futuras finanzas personales. “Estos días hemos conocido los datos del Banco de España que aseguran que el 81% de la población española no puede responder bien a tres preguntas básicas sobre finanzas y sólo el 19% tiene un conocimiento elevado, situándonos por debajo del promedio de la UE, que es del 26%”. Explican que así ha pasado en estos años de crisis, que productos bancarios complejos han afectado gravemente a muchos, ocasionando grandes pérdidas (las preferentes, las hipotecas multidivisa, las cláusulas suelo o las tarjetas revolving), cuando un correcto ejercicio de los derechos como consumidores financieros lo evitaría (en el año 2020 la banca perdió el 90% de los litigios relacionados con estos productos financieros). “La digitalización del sistema financiero avanza a pasos agigantados, pero sin la educación adecuada nuestros ciudadanos no están equipados para manejar estas nuevas herramientas de manera efectiva. Una población bien informada y preparada financieramente es esencial para el crecimiento económico y la estabilidad a largo plazo”, han finalizado.