Valverde: "Más de 280 plazas de mayores peligran si no se equiparan las ayudas de las residencias municipales"

En riesgo de desaparición o cierre se encuentran algunas residencias de mayores públicas de pequeños municipios de la provincia de Ciudad Real, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, por falta de actualización de los convenios con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Una situación que, en cifras, afecta a 12 municipios de la provincia, 287 plazas subvencionadas, 244 puestos de trabajo y una diferencia de ayuda de 861.000 euros con respecto a las plazas concertadas. En el conjunto de la región, se ven afectadas 1.145 personas mayores en calidad de usuarios y 608 empleos directos, el 95% mujeres, donde sería necesario una ayuda de 1.436.000 euros.

El presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Valverde, ha señalado que se trata de un "acto de justicia" equiparar estos centros con los de plazas concertadas para evitar el desarraigo de estos mayores y la pérdida de muchos puestos de trabajo en municipios la mayoría pequeños. Por ello, pondrán todos los medios a su alcance para lograr esta actualización de convenios ahora que se están perfilando los presupuestos regionales de 2025.  

La Plataforma por la Defensa de los Mayores, que se ha presentado hoy en la Diputación Provincial, ha iniciado un proceso de recogida de firmas, también de forma online, en los 28 municipios de la región adheridos a la misma, para que se equiparen las condiciones de las plazas subvencionadas de este tipo de centros públicos con las concertadas, donde existe una diferencia de más de 250 euros por usuario y mes. En opinión de Carlos Jesús Villajos, esta plataforma exige un mayor apoyo económico para las plazas subvencionadas en las residencias públicas, una cuantía que alcanza los 861.000 euros en la provincia. Villajos ha recordado que desde 2016, el importe de la Junta en estos convenios no ha experimentado ninguna modificación, mientras que los costes de salarios, comida y suministros en estos centros han crecido en un 20 por ciento. 

Además de la recogida de firmas, la Plataforma ha solicitado una reunión urgente con la Consejería de Bienestar Social, se dará curso a una invitación a los grupos políticos de las Cortes para que visiten las residencias afectadas y se presentará una Proposición No de Ley en el Parlamento regional, así como mociones en los diferentes ayuntamientos e, incluso, llegado el caso, enmiendas a los presupuestos regionales de 2025. 

El presidente de la Diputación ha defendido en la rueda de prensa la petición de la Plataforma para que se cubra y financie esta diferencia de las plazas subvencionadas respecto de las concertadas, "cuando el servicio es el mismo, todas pasan los mismos protocolos de calidad y ofrecen los mismos recursos", de ahí que apoye esta reivindicación de uno de los sectores que más empleo genera en el medio rural y que contribuye a fijar población. Para Valverde, la respuesta dada a la plataforma por parte de la administración regional no es seria, "el concierto de ayuntamientos y empresas es insuficiente, en las nuevas licitaciones se traslada a las empresas concesionarias el coste, que han anunciado la imposibilidad de continuar".     

En concreto, los municipios afectados son Abenójar, con 44 plazas en total, 33 subvencionadas; Almadén, 40, 36 subvencionadas; Bolaños, 30, 22; Granátula, 21, 15; Moral, 46, 33, Puebla de Don Rodrigo, 33, 16; Porzuna, 54, 50. Son los municipios adheridos a la plataforma, algunos otros, según Valverde, no han querido estar en a plataforma pero que están en la misma situación como son Aldea del Rey, con 22 plazas, 12 subvencionadas; Chillón, 35, 26; Cózar, 20, 15; San Carlos del Valle, 20, 14; y Villamanrique, 40, 15. En total, son 287 plazas en la provincia que, "si sumamos la diferencia respecto de las plazas concertadas, estamos hablando de 250 euros al mes, multiplicado por 12 meses saldría una diferencia de 861.000 euros, es la cantidad que costaría a la Junta hacer un ejercicio de igualdad entre los mayores y los ayuntamientos que prestan servicio a los mayores", ha enfatizado Valverde. Ha indicado por último que ninguno de los municipios adheridos a la Plataforma pertenece al Partido Socialista, "nosotros no queremos politizar un asunto que consideramos un acto de justicia".