Fernández prevé el desarrollo de casi 30 proyectos de inclusión social en la provincia con las ayudas regionales
La delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha anunciado que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha “vamos a publicar en este mes de noviembre una convocatoria de subvenciones para financiar proyectos de inclusión social con más de cinco millones de euros, exactamente 5,3 millones, que va a permitir financiar aproximadamente 120 ó 130 proyectos a lo largo de toda la región, y entre 20 y 30 serán en la provincia de Ciudad Real”.
En este sentido, la delegada ha aclarado que esos proyectos de inclusión social se llevan a cabo a través de las entidades del tercer sector social, a las que ha agradecido su trabajo porque “sabemos que hacen un esfuerzo ímprobo para que las políticas públicas no sean solamente las que hacemos directamente desde las administraciones, si no que sean también las que llevan a cabo las asociaciones y entidades como CERES y tantas otras sin las que sería posible llegar a todos los rincones en un territorio tan amplio”.
Blanca Fernández ha realizado estas declaraciones en la inauguración del II Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Inclusión Social que ha tenido lugar en Tomelloso con la presencia también del alcalde de la localidad, Javier Navarro; el director general de Acción Social de la Junta, Santiago Vera; el diputado provincial Benjamín de Sebastián; la vicerrectora de la Universidad de Educación a Distancia (UNED), Rosa María Martín Aranda; el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez; y los delegados provinciales de Bienestar Social y de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Eulalio Díaz-Cano e Inmaculada Jiménez respectivamente.
Muro de contención frente a movimientos reaccionarios
En este marco, Blanca Fernández ha pedido unidad de acción para que las administraciones de la provincia de Ciudad Real, el tercer sector y las universidades se constituyan “un muro de contención” frente “a ese movimiento reaccionario que pone en cuestión todas las políticas sociales”, y eso pasa por “defender que ninguna sociedad es perfecta y que siempre hay alguien que va a tener o de ser excluido, además de que, por otro lado, todos y todas vamos a necesitar en algún momento de nuestra vida algún tipo de política social”.
Siguiendo esta línea argumental, la máxima representante del Gobierno regional en la provincia de Ciudad Real ha destacado la defensa de las políticas de inclusión social y la apuesta por “las políticas sociales en mayúsculas que hacemos en Castilla-La Mancha”.
Una región líder en el incremento de la inversión social
Una afirmación que ha corroborado con datos, al señalar que en la región “invertimos más de 3.000 euros por habitante en políticas sociales” como son la sanidad, la educación y los servicios sociales”. Precisamente, ha subrayado que en los últimos años “hemos sido la comunidad autónoma que más ha incrementado la inversión en políticas sociales de toda España, uno de cada ocho euros incrementos en estas áreas a nivel nacional han sido en Castilla-La Mancha”.
La delegada provincial de la Junta de Comunidades también ha tenido palabras de agradecimiento para todas las personas que hecho posible la cátedra de Inclusión Social organizadora de este Congreso, cátedra que “fue pionera en su momento y que continúa a día de hoy innovando e investigando en materia de servicios sociales y de inclusión social”.
Para finalizar, todas las autoridades presentes han asistido a la inauguración de la exposición ‘Vivir en casa’, en el Centro de Formación CERES, donde han podido conocer un nuevo modelo avanzado de atención domiciliaria a las personas en situación de soledad y/o dependencia consistente en combinar servicios sociales avanzados en el domicilio, como la fisioterapia, la logopedia, la comida a domicilio, o la terapia ocupacional, con la implantación de recursos domóticos, digitales y robóticos en el hogar. Todo ello con el objetivo de evitar o retardar lo más posible la institucionalización de la persona afectada.