Incredulidad ante la falta de consideración de alegaciones a la ordenanza del taxi de Puertollano
Una vez aprobada definitivamente la Ordenanza del Servicio del Taxi en Puertollano, la Asociación Provincial de Taxistas (APTCR) no puede dejar de lamentar que el Ayuntamiento no haya tenido en cuenta las numerosas alegaciones presentadas al texto por entidades públicas y privadas, con la única intención de mejorarlo e intentar equilibrar los intereses de todas las partes, al menos debería haber dado lugar a una reflexión y a un diálogo que no se ha producido. Por ello, debería buscarse mejorar la calidad de la prestación del servicio tanto para el profesional del sector como para los usuarios, guiados en todo momento por el interés público.
Por otra parte, lejos de intentar solucionar la problemática de manera negociada “sólo escuchamos de manera recurrente por parte de los representantes del Ayuntamiento declaraciones en el sentido de que los taxistas de Puertollano no tienen representación, cuando ya el día 5 de mayo, en el mismo momento en el que se solicitaba una reunión -que aún no se ha producido-, se les comunicó que la Asociación Provincial de Taxistas representaba a 11 de las 13 licencias que, en la actualidad, operan en el municipio, siendo en la actualidad 12 los taxistas asociados”.
En este sentido, añaden que “somos conocedores, en contra de lo que esgrime el Ayuntamiento, de las potestades que les corresponden por Ley en la ordenación como Administración Pública encargada de la gestión del transporte en el municipio, pero esto no quita que esas potestades deberían configurarse en la medida y términos ajustados tanto al interés público como con poder compatibilizar los derechos y libertades del taxista, que no deja de ser un autónomo que tiene que buscar sin ningún tipo de ayudas, aun siendo de interés público, la viabilidad económica de esa licencia”.
En suma, la Ordenanza debería presentarse como un instrumento idóneo para hacer posible el adecuado y armónico desenvolvimiento del servicio del taxi, conjugando los legítimos intereses de los profesionales del sector con las exigencias del servicio público, lo cual no se ha producido.
La Asociación Provincial de Taxistas manifiesta la preocupación ante la entrada en vigor de esta Ordenanza, e “instamos al Ayuntamiento a negociar con los representantes del sector la aplicación de los extremos de la misma, tal como exige la normativa del taxi regional. Todo ello reservándose, si fuera necesario, el derecho de poder adoptar aquellas medidas que se crean necesarias, incluyendo las vías que la Ley pueda habilitar en cuanto a disposiciones de la Ordenanza que pudieran ser contrarias a la legislación vigente, una vez publicado el texto definitivo de la misma”.