El Ayuntamiento de Puertollano tendrá que pagar más de 400.000 euros a guardería que cerró por falta de rentabilidad
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha condenado al Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) a abonar a la empresa Servicios Infantiles Dulcinea la suma de 405.807 euros tras estimar parcialmente el recurso presentado por la mercantil contra la resolución de primera instancia y declarar conforme a derecho la renuncia realizada por la empresa al contrato de concesión a 50 años para uso privativo de la parcela que ocupó mientras desempeñó su actividad en la Ciudad Industrial.
En la sentencia, de 11 de octubre de 2022, consultada por Europa Press, los magistrados dan la razón a la antigua guardería, concesionaria de la escuela infantil que estuvo situada detrás del hospital y que, tras cerrar y renunciar a la concesión, reclamó inicialmente al Ayuntamiento 671.755 euros en concepto de indemnización por las obras ejecutadas, pues consideraba que la ocupación del mencionado servicio no es suficiente para amortizar la inversión realizada y que la inversión y el equipamiento revertirán al municipio tras la petición de renuncia unilateral de la explotación, realizada el 31 de agosto de 2018. Esta solicitud fue desestimada por el Consistorio.
El motivo aducido por la empresa para abandonar el proyecto fue que la concesión administrativa no cumplió con las expectativas de rentabilidad iniciales.
En su sentencia, los magistrados argumentan su resolución apoyándose en otras resoluciones judiciales que abordan problemáticas con "evidente identidad sustancial" a la que afecta al Ayuntamiento y a la empresa Dulcinea. En este contexto los magistrados recalcan que se trataba de la concesión de una actividad privada de interés público cuyo pliego contemplaba la extinción resolutiva del contrato de concesión por renuncia del contratista sin que se prevean los motivos ni los efectos de la misma, lo que supone una "laguna regulatoria" del pliego.
Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
La empresa fue beneficiaria desde el año 2007 de una cesión de suelo público por 50 años y un canon de 50 euros. Por esta escuela pasaron más de 750 niños y niñas, formados por más de 100 educadores infantiles en su centro de formación.