La Constitución Española vela para que las administraciones públicas sirvan a los intereses generales de la ciudadanía y prevé su participación en la elaboración de las leyes y normas administrativas, directamente o a través de las asociaciones por las que se sienta representada.
Las nuevas realidades sociales requieren que la gestión de la administración pública pase de un modelo burocrático y poco ágil a una administración más accesible, eficaz, eficiente, transparente y participativa. Eficaz, para desarrollar sus funciones y alcanzar los objetivos encomendados, con estructuras administrativas flexibles y adaptadas a nuevas necesidades, nuevas circunstancias; eficiente, para conseguirlo mediante el uso más adecuado de sus recursos, pero sin escatimar en personal capacitado para asumir responsabilidades personales y colectivas o de equipo; con los medios técnicos necesarios para hacer posible la comunicación, relación y participación de la ciudadanía en un entorno seguro, transparente y sencillo.
Por ello, debemos transitar desde un enfoque centrado en la gobernabilidad, marcado por la legitimidad de las leyes y la autoridad, aunque elegida democráticamente, a otro basado en la participación, en el que todos los actores y partes interesadas trabajen juntas, decidan los objetivos y las formas de conseguirlos. De este modo, la colaboración y coordinación entre gobierno y entidades privadas y sociales, así como entre las diferentes administraciones públicas, se hace imprescindible para avanzar hacia un modelo de cocreación.
Las administraciones intervienen directamente en la sociedad y lo hacen mediante el impulso y gestión de políticas públicas. Estas políticas deben buscar siempre un cambio positivo en la vida de las personas; procurando medidas creativas, redistributivas y coercitivas (poco deseadas, pero también necesarias para salvaguardar el bien común); pensando siempre, en primer lugar, en las personas más vulnerables.
El inicio de las políticas públicas comienza por la selección de cuestiones sociales y la detección de problemas para ponerlos en la agenda pública, en la que influyen variables asociadas al programa político que las vaya a implantar, al apoyo social y a las características económicas y sociales propias de la cuestión planteada. Por eso, no da igual quien gobierne.
En nuestro caso, nuestro modelo municipal se asienta en la celebración de Asambleas Vecinales que recojan un buen diagnóstico a través de la escucha activa y directa a las vecinas y los vecinos. Una vez definida la necesidad, procederá la formulación de las políticas públicas, mediante propuestas y alternativas que constituyan la mejor opción, como decíamos antes, en términos de eficiencia y eficacia. Concluiremos con la adopción, por parte de los responsables políticos, de las acciones que correspondan, definiendo la participación de los actores y la disposición de medios para su puesta en práctica; siendo así totalmente transparentes en los procedimientos, tanto en la planificación como en la manera de ponerlas en práctica.
En todo este proceso, la evaluación continua de la política pública será fundamental para no perder la perspectiva de la mejora permanente y de la rendición de cuentas.
A veces, la gestión pública se valora por cuestiones poco tangibles, de tal modo que, en ocasiones, se cuestiona la legitimidad de las instituciones públicas, aunque se constate que los servicios públicos han mejorado y se atiendan las preferencias ciudadanas; por lo tanto, debemos profundizar en la eficacia administrativa y en favorecer una mejor consideración de la actividad política, a través de una mayor implicación, fomentando esos espacios de participación ciudadana en la actividad pública, reconociendo y facilitando los derechos a la información, de petición, de iniciativas y propuestas ciudadanas, de consulta y audiencia pública para la elaboración de las normas y reglamentos, para la evaluación de las políticas públicas.
Al final, la valoración positiva de la gestión pública por parte de la ciudadanía viene dada porque esta responda a sus necesidades, a sus derechos, se ajuste a la legalidad, se aplique desde la búsqueda del bien común; desde la transparencia, honestidad, honradez y lucha contra el fraude y la corrupción.
En este sentido, consideramos una oportunidad el hecho de que los ayuntamientos sean la administración más cercana que puede mejorar la vida de las personas, insistiendo en que debemos hacerlo de la mano con ellas, desde la responsabilidad y el compromiso.