El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, reunido de nuevo con carácter de urgencia para abordar la huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), muestra su profunda preocupación por los graves perjuicios que este conflicto está produciendo en el derecho a la tutela judicial efectiva de toda la ciudadanía. La huelga, que dura ya más de 8 semanas, está generando una situación insostenible para el servicio público de justicia y, consiguientemente, un irreparable perjuicio a decenas de miles de personas.
Por ello, los decanos y decanas de los 83 Colegios de la Abogacía, incluido el de Ciudad Real, Cipriano Arteche, y el resto de miembros del Pleno del Consejo General de la Abogacía exigen a las partes en conflicto que intensifiquen al máximo el proceso de negociación para alcanzar un acuerdo de forma inmediata, que permita reactivar con la mayor celeridad un servicio público esencial para la ciudadanía. A estos efectos, es fundamental establecer un calendario acelerado y continuado de negociaciones encaminado a conseguir, lo antes posible, el acuerdo.
La prolongación de este grave conflicto muestra una vez más que es imprescindible avanzar en la cultura del acuerdo. Mientras se alcanza este necesario acuerdo, es fundamental que se cumplan de un modo efectivo los servicios mínimos por parte de los LAJS, atendiendo a consideraciones de pura humanidad en aquellas tramitaciones y actuaciones urgentes que afectan de un modo especialmente grave a la ciudadanía. Para ello, es también fundamental que el Ministerio de Justicia lleve a cabo una efectiva supervisión del cumplimiento de los servicios mínimos, informando públicamente con regularidad, y adoptando las medidas oportunas en aquellos casos en que se incumplan.
Del mismo modo, reclamamos que los LAJs apliquen criterios homogéneos en las notificaciones de suspensión de señalamientos, con una antelación suficiente y, por tanto, nunca inferior a 48 horas. Esta es la única manera de conciliar mínimamente su ejercicio del derecho de huelga con el resto de derechos de la propia ciudadanía, y evitar así que se produzcan aún más gravámenes de los que este conflicto está creando ya a aquella y a todos los profesionales que formamos parte del servicio público de justicia.
Por último, es fundamental que el Ministerio de Justicia, el CGPJ, la FGE, las Comunidades Autónomas con competencia transferidas y la Abogacía y la Procura preparen de forma proactiva un plan de recuperación de la actividad del servicio público de justicia, para su despliegue inmediato tras la resolución de la huelga, a los efectos de recuperar los plazos de resolución previos a esta. Del mismo modo, deberá establecerse un sistema escalonado de notificaciones, para evitar vulnerar el derecho de defensa de la ciudadanía. Igualmente, han de evitarse medidas que en el pasado se han mostrado absolutamente ineficaces e inútiles como la habilitación de periodos inhábiles.
