La secretaria general de UGT Ciudad Real, Alfonsi Álvarez, ha destacado hoy que España contraviene la legislación europea en materia de despido improcedente ya que la actual normativa no es ni resarcitoria ni disuasoria. En rueda de prensa ha dado cuenta de la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales que -hecha pública el pasado 29 de julio- da la razón a UGT y falla contra la indemnización por despido en nuestro país. El organismo señala que ley española viola el artículo 24 de la Carta Social Europea que garantiza el derecho de los trabajadores y trabajadoras a una protección y una compensación adecuadas en caso de despido improcedente.
Alfonsi Álvarez explicaba que, a raíz de esta resolución, España tiene la obligación de fijar una indemnización plenamente resarcitoria del daño causado, teniendo en cuenta la situación de la persona trabajadora y las consecuencias del despido; y eliminar o elevar los topes de compensación, quitando el máximo de 24 mensualidades. “Nosotros ya hemos planteado la conveniencia de establecer, como en otros países europeos, un mínimo indemnizatorio por despido injusto de seis mensualidades”.
“Europa también le ha dicho a nuestro país que debe fomentar la reincorporación del trabajador despedido de manera injusta y recuperar los salarios de tramitación desde que se produce el despido hasta que hay sentencia firme por parte de la justicia. Asegurar una tramitación judicial más rápida es la última y quinta exigencia que le hace el Comité Europeo de Derechos Sociales al Gobierno central. Ahora mismo un despido improcedente puede representar entre un año y medio o dos años hasta que hay sentencia firme; esto hace que muchos trabajadores/as desistan”.
La secretaria general de UGT Ciudad Real apuntaba que esta demanda ante el Comité Europeo de Derechos Sociales fue interpuesta por UGT a raíz de la reforma laboral de 2012, “una reforma que fue muy lesiva en el apartado de despidos ya que bajó de 45 a 33 días la indemnización por despido improcedente; eliminó los salarios de tramitación; y minimizó también mucho la posibilidad de reincorporación al puesto de trabajo”.
“El Gobierno español, y así lo estamos reclamando desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, debe ahora modificar la legislación ya que lo que le cuesta al empresario el despido improcedente no es disuasorio ni resarce el daño que produce en el trabajador o trabajadora”.
Apuntaba que en la provincia de Ciudad Real la indemnización media por despido está en los 5.077 euros, siendo Castilla-La Mancha una de las regiones españolas con los costes por despido más baratos.
Por último, señalaba que ya hay dos juzgados en España que, haciéndose eco de la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, han incrementado las cuantías de la indemnización de un despido improcedente por haber tenido en cuenta la situación personal del trabajador. “Creemos que esto va a ser el futuro a partir de ahora”.