La portavoz del Gobierno de García-Page, Esther Padilla, ha celebrado la reelección del rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, tras las elecciones celebradas ayer, “un merecido reconocimiento al compromiso y visión” que ha demostrado desde hace cuatro años al frente de la institución, durante los que “se han alcanzado hitos que nos enorgullecen como firmes defensores de la educación pública”.
Según ha apuntado Padilla, se trata de un mandato que durará seis años, conforme a la nueva legislación, y que será “una oportunidad para que la UCLM, cuya integración en la sociedad castellanomanchega es absoluta, conserve su buen nombre y siga siendo el epicentro del desarrollo social e intelectual de la región”.
Castilla-La Mancha lidera la inversión en universidad pública
Por otro lado, Padilla ha puesto el foco en que, según los datos del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), Castilla-La Mancha “está muy por encima de la media” en el apoyo financiero a la universidad pública en relación con el PIB per cápita. En este sentido, la media española en cuanto a transferencias corrientes por alumno, si se dividen entre el PIB regional, revela un saldo del 23,7 por ciento, mientras que en Castilla-La Mancha asciende a casi un 32,6 por ciento, ha apuntado. “Es un orgullo estar nueve puntos por encima de la media del país”, ha señalado Padilla, quien ha incidido en la voluntad política de García-Page por invertir en universidad pública, “pese a ser una región infra financiada y con menos recursos que muchas otras que destinan menos porcentaje”.
En este sentido, ha asegurado que en Castilla-La Mancha “la universidad no va a tener que vender su patrimonio” por falta de financiación regional. De hecho, ha recordado el refuerzo de la plantilla docente e investigadora para los próximos seis años, con 159 plazas financiadas por el Ministerio de Ciencia y el propio Gobierno castellanomanchego.
Asimismo, ha recordado que la futura Ley de Universidades de Castilla-La Mancha blindará la universidad pública de la región “para que no sea un instrumento de mercado” y que se “exija a la privada los mismos requisitos de calidad que a la pública”.
