La diputada nacional del PSOE y portavoz del PSOE provincial, Cristina López Zamora, ha valorado la nueva Proposición de Ley que ha presentado el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, para el establecimiento de gravámenes temporales para empresas energéticas, identidades de crédito y establecimientos financieros de crédito.
Afirma al respecto que en este país “no se han tomado nunca decisiones tan evidentes de protección social a sus ciudadanos”, y añade que se cumple con ello el compromiso del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciado en el Debate del Estado de la Nación que viene a articular que un Gobierno progresista, ante situaciones difíciles como la crisis provocada por la Guerra de Ucrania, tiene que redistribuir de manera justa la riqueza del país, para ayudar a quien más lo necesita y al sector productivo, que es quien genera riqueza en nuestro país y nuestra provincia.
“No puede ser que cuando atravesamos una crisis las consecuencias recaigan siempre en los mismos, y la desigualdad crezca. Los ricos se hacen más ricos, los pobres más pobres y al final quien paga la crisis son las clases medias”, lamenta la parlamentaria socialista.
Así el Gobierno de España está demostrando que hay otras salidas diferentes a las tomadas por el PP en la crisis anterior, y por ello ante los problemas que están teniendo determinados sectores y las economías domésticas, este Gobierno ha incrementado las ayudas. Ayudas que van desde los ERTE hasta el Ingreso Mínimo Vital, pasando por el Bono energético o las ayudas directas a diferentes sectores. Lo que pretende la Proposición de Ley es que las empresas que tienen beneficios extraordinarios, aporten parte de esos beneficios a la solidaridad común, y “para avanzar en esa justicia fiscal se crea este gravamen temporal, aplicable en los ejercicios 2023 y 2024”.
Explica la diputada nacional del PSOE que en el caso del sector energético el gravamen será del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocio, no afectando a las empresas que no facturen 1.000 millones de euros. Se conseguirá una aportación al año a las arcas públicas, de 2.000 millones de euros, sin poner en riesgo a ninguna empresa del sector.
Por su parte, en el sector bancario, el gravamen será del 4,5% sobre el importe neto, para las empresas que facturen más de 500 millones de euros. “No vamos a arruinar a ningún banco, ni se trata de mucho importe, teniendo en cuenta que en la anterior crisis, el sector financiero se llevó 60.000 millones de euros de las arcas públicas”, responde ante posibles críticas.
Desde el PSOE no se entiende que el Partido Popular no vea bien este tipo de propuestas. “Estamos hablando de justicia social con justicia fiscal, para que no paguen las consecuencias de esta crisis los mismos de siempre”, ha finalizado indicando.