Agentes de la policía científica de Santander han ratificado que las huellas dactilares encontradas en el envoltorio del cuchillo de cocina, objeto utilizado supuestamente en el descuartizamiento de la víctima, se corresponden con el acusado C.A.B.C.
Los agentes han expuesto que las investigaciones in situ localizaron un total de trece huellas dactilares en la vivienda alquilada por el acusado y la víctima, de las cuales dos han servido para identificar al acusado.
El dato, vendría a ratificar la adquisición por parte del acusado del instrumento de cocina, incluida en la reconstrucción de los hechos presentada en los informes policiales, así como en el testimonio del propietario del bazar donde fue adquirido.
Además de los agentes de la policía científica de Santander, han presentado su testimonio dos técnicos de la policía madrileña, encargados de realizar una infografía que reconstruye los pasos del entonces sospechoso el día en el que presuntamente cometió el crimen.
La infografía, de 22 minutos de duración, ha sido mostrada íntegramente durante la vista oral, apoyando el testimonio ofrecido en sesiones anteriores por los agentes encargados de estudiar las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Según han manifestado los técnicos policiales, esta infografía se realiza para identificar de manera más accesible cual fue el itinerario del sospechoso a través de estas grabaciones. Una asistencia que solicitaba el grupo de investigación.
Asimismo, ha comparecido un efectivo de la policía científica madrileña que identificó, a través de muestras de ADN la identidad de los restos, confirmando que se correspondían con N.P.R.G.
JUICIO POR ASESINATO, ABORTO Y PROFANACIÓN
Según la acusación del Ministerio Fiscal, el 20 de agosto de 2020, C.A.B.C., asesinó mediante estrangulamiento a su pareja, N.P.R.G., embarazada en ese momento de 16 semanas, para posteriormente descuartizarla y deshacerse de sus restos en un parque de Santander.
Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, que ejercen familiares de la víctima, y popular, en representación de la Junta, solicitan las penas máximas de 25 años por asesinato con alevosía, ocho años por aborto y cinco meses por profanación del cadáver, una pena total de 33 años y cinco meses.
Las vistas del juicio, que comenzaron el pasado lunes en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, localidad de residencia del acusado y la víctima, se extenderán hasta el próximo 21 de noviembre.
A partir de ese momento, un jurado popular compuesto por nueve personas deberá emitir un veredicto.
