Según ha relatado la propietaria de la vivienda en la que sucedieron los hechos, la madre del acusado fue la responsable del alquiler del estudio durante una semana, así como la que realizó el pago por el mismo.
La pareja habría acordado permanecer durante una semana, del
9 al 16 de agosto de 2020 en el inmueble, pero habría ampliado una semana más su alquiler, hasta el día 23.
Sin embargo, el viernes 21 de agosto, el acusado, C.A.B.C., comunicó su abandono de la vivienda, entregando las llaves de la misma a la hermana de la propietaria, vecina del mismo edificio. La hermana de la propietaria ha especificado que cuando le devolvió las llaves, se
encontraba solo y portaba equipaje de mano.
Además, la propietaria ha señalado que cuando regresó al inmueble, el martes 25 de agosto, halló un gran desorden, encontrando una maleta deshecha con numerosas pertenencias personales de la pareja.
La propietaria ha relatado que el miércoles 26 de agosto, fue contactada por primera vez por la policía, en relación a la desaparición de N.P.R.G., haciéndoles entrega en ese momento de la maleta.
Asimismo, han prestado declaración varios testigos presenciales que sitúan al acusado en el entorno de los hechos el día 20 de agosto, entre ellos, varios camareros de bares de Santander.
Entre estos testimonios, ha destacado el que ha brindado un testigo que afirma que el acusado acudió pasadas las 00.00 horas del 20 al 21 de agosto al bar Castilla 23, próximo a la vivienda en la que tuvieron lugar los hechos, y exigió que le sirviesen una bebida a pesar de
estar cerrando. Ante la negativa del testigo, camarero del bar, el acusado afirmó que le habían llamado de Estados Unidos para comunicarle que habían asesinado a su mujer embarazada.
CARGOS DE ASESINATO, ABORTO Y PROFANACIÓN
Según la acusación del Ministerio Fiscal, el 20 de agosto de 2020, C.A.B.C., asesinó mediante estrangulamiento a su pareja, N.P.R.G., embarazada en ese momento de 16 semanas, para posteriormente descuartizarla y deshacerse de sus restos en un parque de Santander.
Por estos hechos solicita las penas máximas de 25 años por asesinato con alevosía, 8 años por aborto y 5 meses por profanación del cadáver. Una pena total de 33 años y 5 meses.
El juicio, que comeznó el pasado lunes en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, localidad de procedencia del acusado y la víctima, se extenderá hasta el próximo 21 de noviembre. A partir de ese momento, un jurado popular compuesto por 9 personas tendrán que emitir el veredicto.
