La Corporación Municipal de La Solana estrenó su nueva nomenclatura este jueves. Fue durante el pleno ordinario del mes, donde los concejales del grupo de Ciudadanos pasaron a su nuevo estatus de ‘no adscritos’ tras renunciar a las siglas de ese partido. Un cambio que afecta a la oficialidad, no tanto a la práctica. En seguida quedó claro que los exediles naranjas mantienen la misma disciplina de voto e idéntica jerarquía, ya que Luisa Márquez continúa ejerciendo como portavoz, aunque sea oficiosa. La única diferencia es que solo quedan tres, habida cuenta que Gloria Notario ha dimitido por incompatibilidad laboral. Queda saber quién ocupará el sillón vacante, de momento reservado a Ciudadanos.
Por su relevancia -y también por su novedad-, la nueva adscripción constituyó una de las atracciones de una sesión a la que faltaron hasta 4 concejales, de los cuales 3 de la oposición. Una circunstancia que garantizaba la mayoría absoluta del equipo de gobierno en los puntos a debate.
Lo primero fue conocer la dimisión obligada de Gloria Notario, que acudió como público. Todos los portavoces le desearon suerte en su nueva etapa como funcionaria municipal, aunque fue su portavoz, Luisa Márquez, quien le dedicó las palabras más cariñosas. A continuación se hicieron efectivas las nuevas adscripciones de Julián Díaz-Cano, Ángela Notario y la propia Márquez, que aprovechó su turno de palabra para defenderse de la acusación de transfuguismo: “Lo que hemos hecho se ampara en la normativa; dejen de insultar, tergiversar y manipular la ley quienes nos han llamado tránsfugas”.
Bonificación del impuesto de construcciones
La miga del debate arrancó en el punto octavo. Debatía la bonificación en el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) a una nave del polígono industrial, aduciendo especial interés de utilidad municipal. Los informes desmienten ese “especial interés”, pero la resolución política aprobó la propuesta con el voto afirmativo de PSOE, PP e Izquierda Unida, quienes creen que hay que facilitar la inversión. Los concejales no adscritos se abstuvieron.
Horas extras a la Policía Local
El punto noveno era recurrente. Se levantó un reparo de Intervención para pagar horas extras a la Policía Local, esta vez por valor de 8.521 euros. Contó con el ‘sí’ del equipo de gobierno, que defendió el esfuerzo de los agentes por garantizar la seguridad ciudadana. La oposición se abstuvo en bloque, insistiendo en que el pago de las horas es justo, pero obedece a una improvisación en materia de recursos humanos.
Medio millón de modificación de crédito
El punto siguiente trajo cola, ya que se debatía aprobar un suplemento de crédito de 501.000 euros, que se destinará a gastos generales. De ese dinero, 266.000 euros tienen que ver con la eficiencia energética, 50.000 para luz y gasoil, 45.000 para servicio de conserjería, 20.000 por el encarecimiento de préstamos y 100.000 para actividad lúdica y festiva en Navidad. Fue este último el asunto de fricción.
Luisa Márquez cree que se añade dinero a partidas ya creadas y volvió a criticar la ausencia de un contrato eléctrico global. “El equipo de gobierno provoca un caos con varias comercializadoras, una para cada calle”. Cree que esta modificación responde a una falta de anticipación y que es un ejemplo más de improvisación. Bernardo Peinado (IU) aplaudió todas las dotaciones previstas, excepto la destinada a Navidad. Considera que es un gasto que se podía prever con antelación, al contrario que los demás como consecuencia de la coyuntura económica. Antonio Valiente (PP) también habló de improvisación y llegó a tildar la medida de “electoralista”. Propuso reducir a la mitad la última partida para festejos, de cien mil a cincuenta mil euros, aunque no tuvo respuesta. El alcalde defendió la operación crediticia. Afirmó que responde a las circunstancias del momento y que es factible. “Lo hacemos porque podemos”, subrayó. Considera que los solaneros merecen unas navidades completas, igual que sucedió en la feria.
El recibo del agua
El undécimo punto aumentó si cabe el debate. Aludía a recibo del agua. El alcalde anunció un acuerdo con la empresa concesionaria, Aqualia, para abaratar a la mitad la subida del IPC en la factura, pasando del 10,5 al 5,3 por ciento. Esto supondrá un ahorro de un euro (pagarían dos) a los contribuyentes. “Nos parecía excesivo y negociamos con Aqualia que el vecino no asuma esa subida [del 10,5 por ciento]”, dijo Eulalio Díaz-Cano. A cambio, el Ayuntamiento no cobrará a la empresa el canon variable, alrededor de 90.000 euros.
En seguida se abrió la caja de Pandora, sobre todo a cuenta del contrato de larga duración que el Ayuntamiento firmó en 2004, con vigencia para 35 años. Para Luisa Márquez, ese contrato “hipotecó” al consistorio y es hora de revisarlo. “Está desvirtuado”, dijo. Denunció que las mayores inversiones las ha hecho el Ayuntamiento, no la empresa, y se preguntó qué pasará el año que viene, ya que este acuerdo es solo para este. En cualquier caso, dio por seguro que los vecinos acabarán pagando el 10,5 por ciento. Una apreciación en la que coincidió Bernardo Peinado: “Será una subida en diferido”, manifestó, parafraseando a Dolores de Cospedal. Izquierda Unida sigue apostando por la gestión directa como mejor solución. Antonio Valiente habló de un contrato “casi leonino” que el PSOE firmó porque necesitaba dinero. También apunta a que los solaneros pagarán finalmente el 10,5 por ciento y que “hay que hacer algo con ese contrato”. Eulalio Díaz-Cano no se cerró a debatir cambios en el contrato, pero defendió este acuerdo porque “logrará bajar la factura”. “Hemos negociado mucho y han aceptado una fórmula que beneficia a los vecinos”, zanjó.
Ruegos y preguntas
El pleno se cerró con ruegos y preguntas, preceptivos de las sesiones ordinarias. Hubo más de una veintena de interpelaciones al alcalde. Entre ellas, Luisa Márquez pidió reforzar el servicio de limpieza viaria a través de la empresa concesionaria, cosa que se está haciendo según necesidades, apuntó el regidor. En cuanto al polémico edificio abandonado en la Avenida de la Paz, Márquez advirtió sobre el peligro por su insalubridad y posibilidad de acceso. El alcalde reveló que se ha reunido con la propiedad del inmueble, quien ha contratado una empresa para su limpieza y cierre.
Ángela Notario preguntó nuevamente por el mal estado de algunos parques, que según Eulalio Díaz-Cano se trabaja en adecentar. También preguntó por el programa navideño, que según el alcalde aún está por cerrar. Bernardo Peinado preguntó por qué no se ha adecuado la RPT del grupo ‘E’ y de la Policía Local, que fue uno de los acuerdos del último presupuesto, y también preguntó si está previsto repercutir la subida del 1,5 por ciento a los empleados públicos. Por un lado, el regidor respondió que se trabaja en la RPT, cuya adecuación es “necesaria pero no sencilla”, y por otro confirmó que está previsto dotar la subida salarial.
El popular Jesús Labajo terminó el capítulo de ruegos y preguntas interesándose por posibles traslados de policías locales y su eventual cobertura. Eulalio Díaz-Cano admitió que la solución pasa por mejorar sus salarios y cubrir las bajas cuando sea necesario. También preguntó por el pabellón La Moheda, y el alcalde avanzó que un primer informe apunta a fugas de agua como posible causa de las grietas que han provocado su cierre. La última pregunta tenía que ver con la ausencia continuada del concejal popular Juan Pedro Mateos-Aparicio. Jesús Labajo afeó al alcalde que se extrañara de ello en unas declaraciones, ya que es por baja laboral, y se preguntó si otros concejales socialistas –que no nombró- estarían acudiendo a los plenos en las mismas circunstancias, algo que sería irregular. Eulalio Díaz-Cano expresó sus dudas acerca de que una baja laboral impida ejercer responsabilidades de representante público, salvo si fuera a dedicación completa, que no es el caso.
