Carmen Fúnez y Enrique Belda, diputados por Ciudad Real, se han pronunciado públicamente, en el año transcurrido de legislatura, sobre la necesidad de tratar a la población migrante desde una perspectiva de dignidad y con escrupuloso respeto a los compromisos internacionales de España en la materia, que constituyen derecho inmediatamente aplicable para nuestro país. Con su grupo parlamentario han solicitado periódicamente información sobre los planes del Gobierno central para solucionar la llegada de personas inmigrantes ilegales y las condiciones en las que han de ayudarse a las zonas del territorio nacional más tensionadas por la recepción.
Con fecha 14 de octubre de 2024, el Gobierno de Castilla-La Mancha denuncia que el Gobierno de España pretende trasladar un número indeterminado de inmigrantes al aeropuerto de Ciudad Real para instalarlos en barracones. El gobierno de España admite que es un lugar que está estudiando y en el entorno de la infraestructura se suscita información sobre movimientos extraordinarios dentro del recinto, visitas de empresas de seguridad, de representantes de alguna empresa pública, gestiones bancarias, etc.
Al respecto, Fúnez y Belda la única información fehaciente que han recibido sobre una posible colaboración de la circunscripción de Ciudad Real en los planes de ayuda a las comunidades más afectadas por la llegada masiva de personas migrantes es de 24 de septiembre de este año. Así, ante las preguntas del Partido Popular de mucho antes, en fecha 25 de junio de 2024 sobre la previsión de implantar una instalación como la que se admite en los medios de comunicación promover en el aeropuerto de Ciudad Real y el grado de conocimiento al respecto de otras administraciones, el Gobierno respondió el pasado mes: “(…) se informa de lo siguiente: Sobre la instalación de nuevos centros propios de instancia temporal, la previsión es abrir catorce nuevos centros entre la península y Canarias. Se espera que la apertura de los nuevos centros propios de estancia temporal, cumpliendo con el término de que estén finalizadas las obras, sea antes del 1 de julio de 2026. La decisión ha sido tomada con el consentimiento de las administraciones afectadas. Madrid, 23 de septiembre de 2024”.
Así pues, con independencia de que el presidente de Castilla-La Mancha se rasgue las vestiduras por la posible instalación de uno de estos centros en el citado aeropuerto (el día 15 de octubre de 2024, en el debate sobre el estado de Castilla-La Mancha, tras filtrar la noticia el día antes y aprovechar así un argumento clave en su lucha de poder, -interna, de partido- con el presidente del Gobierno de España), queda acreditado que la administración regional conocía el asunto al menos un mes antes de lo que afirman en medios de comunicación por la comunicación ministerial que hemos transcrito. En caso contrario, se habría mentido al Congreso.
Al margen de las añagazas ya conocidas de los políticos socialistas nacionales y autonómicos, lo cierto es que nos encontramos con un problema de doble vertiente. La primera, la más importante, es el riesgo de tratamientos inhumanos y degradantes que se pretende ofrecer a personas destinadas a ser alojadas en barracones e instalaciones provisionales situadas en una infraestructura aeroportuaria que, para más peligro del régimen de garantías personales, es propiedad de unos particulares y no recibirá el beneficio de vigilancia y responsabilidad propios de los espacios de titularidad pública. La segunda vertiente es de índole socioeconómica, ya que se aplica esta nefasta medida sobre una zona geográfica cuya promoción laboral y cuyas perspectivas de crecimiento dependen de que se revierta la dinámica de abandono de esta megaestructura, cuyo uso para estas finalidades no solo retrasa, sino que condena un futuro de explotación exitosa a corto y medio plazo dentro de las finalidades para las que fue promovida y ejecutada (con una notable colaboración pública en distintos momentos de su proceso de desarrollo).
Desde el momento de filtrarse la noticia, la diputada y el diputado por Ciudad Real, en contacto con su grupo parlamentario, con el presidente de la diputación provincial, los alcaldes de Ciudad Real y Puertollano y cargos públicos de la zona, a los que correspondió la denuncia del caso desde el primer minuto de la colocación temporalmente interesada de la noticia (lunes 14 de octubre de 2024), se centraron más que en el hecho de la denuncia y en si finalmente se decide el aeropuerto como destino, en trabajar para documentar jurídicamente la incompatibilidad de las instalaciones con el alojamiento de personas.
En las siguientes cuarenta y ocho horas, se promovieron las iniciativas parlamentarias en este sentido. Las más destacadas son las canalizadas reglamentariamente para solicitar datos: “Fecha de posible apertura de las instalaciones, número de plazas o capacidad total que albergaría el nuevo centro (diferenciando entre aquellas plazas destinadas a migrantes adultos y menores de edad), coste aproximado para llevar a cabo la apertura del centro, coste aproximado de prestación de servicios del centro, desglosando la previsión de los gastos fijos y variables y las características sobre las instalaciones del centro y sus recursos residenciales.”. O las que se destinan a exigir documentos absolutamente claves: “Estudios y análisis de idoneidad sobre el mencionado proyecto, comunicaciones sobre los detalles de la posible apertura de un CEAD en las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real entre los ministerios y direcciones generales implicados con las administraciones autonómicas y locales correspondientes, comunicación sobre el consentimiento de las administraciones afectadas, documento remitido desde la Secretaría de Estado de Migraciones a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha sobre la situación actual del proyecto, el procedimiento de apertura y requerimiento de autorizaciones, estudio sobre las condiciones humanitarias para la atención de personas inmigrantes, licencias concedidas por el ayuntamiento para llevar a cabo las obras o movimientos de tierra que se consideren y, en su caso, el documento que acredite la aprobación urbanística del proyecto, y finalmente acuerdo entre el Gobierno de España y la empresa propietaria del aeropuerto, CRIA, para el uso de sus instalaciones”. Todo ello se ha de cursar ante los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y ante el Ministerio del Interior.
A ello se ha sumado el registro de las siguientes preguntas genéricas al Ejecutivo de Pedro Sánchez: ¿Está considerando el Gobierno el traslado de personas migrantes irregulares al aeropuerto de Ciudad Real? ¿Entiende el Gobierno que una infraestructura aeroportuaria privada es un lugar idóneo para instalar un campamento de personas migrantes? ¿Existe alguna empresa pública dependiente del SEPI o con capital estatal mayoritario, colaborando en el proyecto destinado a implantar un centro de personas inmigrantes ilegales en el aeropuerto de Ciudad Real? ¿Puede el Gobierno aportar la fecha, exacta o aproximada, en la que comunican a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el proyecto de traslado de personas migrantes al aeropuerto de Ciudad Real?
Concluyen este comunicado reconociendo la labor de las personas y organizaciones preocupadas por los derechos humanos en la difusión de estos proyectos de cara a denunciarlos, y generar con ello en la opinión pública el necesario ambiente de rechazo, que es absolutamente necesario cuando los gobernantes actuales están acostumbrados a una gestión de hechos consumados sin responder ante el parlamento ni atender las competencias de los entes territoriales.
