El Grupo Socialista de Diputación de Ciudad Real ha presentado un escrito de rechazo de las bases para su modificación relativas a la selección de personal para la recogida de residuos en la empresa pública RSU perteneciente a esta institución provincial.
De este modo, la oposición en la Diputación presidida por Miguel Ángel Valverde denuncia la “actitud generalizada del gobierno de PP y VOX de hacer trampas con los procesos de contratación de personal”, como ya ocurriera con el Consorcio para el Servicio contra Incendios y de Salvamento (SCIS) y la Entidad Pública Empresarial Diario Lanza.
En este sentido, reprochan que “ahora es el turno de RSU, que continúa con la tónica general de hacer trampas en las convocatorias de empleo, como ha ocurrido en el SCIS”, al poner de manifiesto que las bases de selección se contradicen a sí mismas respecto a “un curso de Gestión Ambiental nada concreto y que a la vez otorgan un valor muy considerable en lo que se refiere a la puntuación, el 30% en este aspecto y en proporción al resto de baremación”.
Además, desde el Grupo Socialista explican que sobre este curso de Gestión Ambiental “aún no se sabe en qué condiciones será admitido y que su gerente, José Manuel Labrador, no consigue aclarar, aplazando la decisión a la del tribunal, que, de considerar cosas distintas que las bases, estaría incurriendo en ilegalidad en lo que se refiere a la igualdad de condiciones de las personas interesadas a la hora de concurrir en el proceso, y de considerar las bases, estarían contradiciéndose en lo que respecta a su supuesta homologación”.
Por si fuera poco, recriminan que las bases de selección de personal recogen “un criterio de total subjetividad”, ya que incluye una entrevista personal para valorar la idoneidad o no para un puesto de trabajo de recogida de residuos y una plaza de empleo temporal.
Por último, el Grupo Socialista acusan a la Diputación y al RSU de cometer “una ilegalidad fragrante que no tiene explicación” si nos remitimos a la Constitución Española, ya que atenta contra el principio de igualdad recogido en el artículo 14, como es el hecho de que exijan un empadronamiento “cuando no tiene ningún efecto sobre el derecho de participación en el proceso” y sobre el que, por cierto, existe una amplia jurisprudencia al respecto.
