Una vez firmado el protocolo para la ordenación del entorno del hospital de Alarcos el pasado 16 de septiembre entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de Ciudad Real, el siguiente paso no supondrá tanta dilación en el tiempo ni complicaciones como este acuerdo al que se ha llegado después de cinco años de bastantes reuniones, negociaciones, borradores de convenios y mucho trabajo para llegar a esa cesión de terrenos de la Tesorería General de la Seguridad Social a la Junta, necesaria para la demolición del edificio. Así lo corrobora la primera teniente de alcalde de Ciudad Real, Pilar Zamora, que confiesa que ésta ha sido la parte más farragosa por una Ley General de la Seguridad Social bastante complicada, que, al parecer, según avanzó el propio ministro en Ciudad Real, van a modificar.
Recuerda Zamora que nada más aprobarse el Plan de Modernización Ciudad Real 2025 en 2018 se comenzó a negociar con la Tesorería de la Seguridad Social, donde ha habido que equiparar la normativa del Gobierno de España, la de la Comunidad Autónoma y la del Ayuntamiento. Tras la rúbrica entre el ministro José Luis Escrivá, el presidente regional Emiliano García-Page y la alcaldesa Eva María Masías, lo siguiente será la cesión oficial ya marcada en el protocolo para proceder a la demolición del Alarcos, en desuso desde 2005, “será la Junta de Comunidades la que tenga que iniciar los trámites para demoler el hospital Alarcos porque esos gastos corren por cuenta de la Administración regional, y una vez que estén los terrenos limpios, es competencia del Ayuntamiento de Ciudad Real redactar el proyecto urbanístico de esa zona y ponernos manos a la obra para ubicar una zona verde y un centro de salud”.
Advierte la primera teniente de alcalde de Ciudad Real que no es una demolición sencilla por las propias dimensiones del hospital, más de 25.000 metros cuadrados, lo que conlleva unos trámites al igual que para el desescombro de los terrenos. Del mismo modo reconoce que los plazos marcados inicialmente “se desbarataron con la pandemia” aunque hasta diciembre de 2025 “nos queda tiempo suficiente, no serán ni mucho menos los 5 años que ha costado llegar a la firma de protocolo”, concluye.
