Un total de 170 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado velan por el control y la seguridad de una macrofiesta junto al aeropuerto de Ciudad Real. Una 'rave' que comenzó el pasado 31 de diciembre y que congrega a unas 5.000 personas y unos 1.500 vehículos, principalmente caravanas procedentes de España y de varios puntos de Europa, según las primeras estimaciones de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real.
De la Big Fucking Party, como así se denomina, no existían indicios de su existencia hasta las nueve y media de la noche del pasado martes, 31 de diciembre, "los participantes no tenían confirmación del lugar de la macrofiesta, de ahí que no se haya podido preparar con antelación un dispositivo especial, pero gracias al esfuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, primero en el control de tráfico en la A-43 donde había cientos de vehículos que colapsaron la autovía en unas condiciones climatológicas muy adversas, con niebla, nula visibilidad, no se ha registrado ningún accidente", ha manifestado el subdelegado del Gobierno, David Broceño en el minuto de silencio convocado por la última víctima de violencia machista.
Unidades de Prevención y Reacción, y de Intervención Policial de Toledo y Madrid
En declaraciones a los medios de comunicación, Broceño ha asegurado que la seguridad ciudadana está plenamente controlada, con un dispositivo de casi 170 efectivos, desplazándose sobre el terreno agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional de Toledo, una unidad de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Madrid con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y de que dicha rave se desarrolle con la más absoluta tranquilidad posible. En cuanto a su duración, el responsable de la Subdelegación prevé que sea de una semana, al igual que las celebradas años anteriores en otros lugares del país como Murcia o Granada.
A preguntas sobre posibles sanciones ante esta macrofiesta de carácter ilegal, el subdelegado ha indicado que se está en fase de investigación, recordando a su vez la competencia de cada administración en cuanto a posibles delitos: sanciones administrativas de Seguridad Ciudadana en el caso del Gobierno central, multas por acampadas ilegales por parte de la Junta y sanciones por ocupación de terrenos en el término de Ciudad Real por parte del Ayuntamiento capitalino.
Prudencia
Quien sí ha denunciado hasta la fecha es el aeropuerto de Ciudad Real, este pasado miércoles por la tarde. En las 72 horas siguientes, ha recordado David Broceño, se abre un periodo de investigaciones donde se comprueba si hay indicios de delito, dando traslado en ese caso al juzgado.
Sobre un posible desalojo, el responsable del Ejecutivo central en la provincia ha transmitido prudencia, "el desalojo de un espacio con 5.000 personas puede ser muy complejo; si hay alguna orden judicial, lo haremos, pero mientras tanto lo que nos ocupa y preocupa es que todo transcurra con la mayor seguridad y tranquilidad posibles; el dispositivo actual garantiza ese control, y si hicieran falta más recursos se implementarían", ha zanjado.
Chamorro: "A nivel de orden público está todo controlado"
Por su parte, el primer teniente de alcalde y responsable de la Seguridad y Policía Local de Ciudad Real, Ricardo Chamorro, ha destacado la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana, realizando controles aleatorios de drogas y alcohol, "aunque las personas allí concentradas no se desplazan a ningún otro punto sino que permanecen en el lugar". Ha garantizado que a nivel de orden público está todo controlado.
Chamorro ha incidido en la especial dificultad para detectar con antelación este tipo de macrofiestas, "se convocan a través de redes sociales en las que se debe de utilizar una contraseña, están capadas, de ahí la imposibilidad de seguir el rastro aunque, como he dicho, una vez que se han instalado se ha derivado un amplio dispositivo para controlar la situación".
