No es la primera vez que el Pleno de la Diputación de Ciudad Real debate acerca del incremento que han de experimentar obligatoriamente las tasas que los ayuntamientos de la provincia imponen a los ciudadanos por la recogida de residuos. Si con anterioridad el Equipo de Gobierno puso de manifiesto la dejación que hubo en el anterior mandato porque la presidencia del RSU de entonces no previno a los consistorios ante la proximidad de las elecciones municipales, en esta ocasión se ha puesto el acento en quien debe correr con la financiación del impuesto.
La presentación de una moción, por parte del grupo socialista, que ha podido ser debatida porque el Equipo de Gobierno ha votado favorablemente la urgencia, ha propiciado intervenciones que han permitido clarificar, una vez más, que la subida del recibo de la basura -como se conoce popularmente en los municipios ciudadrealeños- no la impone el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) ni la Diputación provincial, la institución que lo preside, sino que ha sido implantada por el Gobierno de España en cumplimiento de una directiva comunitaria.
Así lo ha remarcado el presidente de la Corporación, Miguel Ángel Valverde Menchero, quien ha recordado, igualmente, que el fin último que se persigue es la generación de menos residuos y concienciar a la población a este respecto, así como implementar su tratamiento con sistemas de reciclaje efectivos.
Se persigue lograr, según ha dicho, la valorización total de los desechos, porque en 2030 el porcentaje de residuos tiene que ser cero. Por el momento -son datos que ha facilitado cuando han concluido los turnos de réplica y contrarréplica- de las 150.000 toneladas que los 370.000 ciudadanos del territorio RSU producen, no se valorizan 100.000.
Valverde ha asegurado que los alcaldes de la provincia, él el primero, tendrán que llevar a cabo las subidas que sean necesarias para que los vecinos y vecinos paguen el impuesto que ha establecido el Estado, que con posterioridad repercutirá en las comunidades autónomas para que, a su vez, lo inviertan en sus provincias. Y ha añadido que, a medida de que aumente la valorización de los residuos, el impuesto irá bajando.
Ha llamado la atención, no obstante, en que si el Gobierno de Sánchez hubiera fijado unos incrementos menores, los vecinos y vecinas que residen en el área en el que realiza la recogida de residuos el RSU tendrían que pagar menos y la subida no sería tan notoria. Ha afirmado, además, que los técnicos del Consorcio han realizando una estimación de acuerdo con las previsiones de toneladas de basura que no se podrán valorizar.
Con respecto a la petición que figuraba en la moción que no ha prosperado, en la que el grupo socialista pedía que la Diputación se haga cargo de los tres millones de euros a los que asciende el aumento total que experimentarán las tasas en el territorio RSU, Valverde ha comentado que la Diputación de Ciudad Real no puede afrontar ese gasto, al igual que no paga el Impuesto de Bienes Inmuebles o el Impuesto Sobre Vehículo de Tracción Mecánica.
Considera que el problema no es si la institución provincial hace frente o no a ese gasto, sino que los ayuntamientos no fueron avisados en tiempo y forma para prepararse ante una obligación del pago de un impuesto que no es del agrado de nadie, sobre todo ante la proximidad de unas elecciones municipales.
Una segunda cuestión ha centrado del debate político en el seno de la sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre, surgida a raíz de una modificación de créditos mediante la que se ha dispuesto que la partida asignada a la compra de una parcela en la carretera de Piedrabuena, junto a la que se levantará el nuevo Parque de Bomberos de Ciudad Real, pase a ser destinada a atender los costes que conlleva la actividad en el diario Lanza.
La portavoz del Gobierno de la Diputación, Rocío Zarco, ha justificado la implementación aludiendo a “la falta de rigor” de los anteriores gobernantes, porque conocían la realidad y presupuestaban por debajo de los gastos y necesidades acudiendo durante el ejercicio a modificaciones puntuales.
Con respecto a la parcela, que es considerada por el grupo socialista necesaria en previsión de una posible ampliación de las instalaciones proyectadas, Zarco ha explicado que la valoración es “excesiva y desproporcionada”, porque se han contemplado 325.000 euros para la posible adquisición de 4,47 hectáreas, lo que llevaría a un precio por hectárea que asciende a 73.554 euros.
Al inicio de la sesión plenaria el presidente de la Diputación ha dado la bienvenida a Cristina Moya, la nueva vicesecretaria de la institución, que hoy ha asistido a su primer Pleno. Valverde le ha deseado “suerte y acierto en el asesoramiento a la Corporación provincial”.
