El alcalde de Pozuelo de Calatrava, Julián Triguero, ha querido cerrar este año 2022 haciendo un balance económico definitivo de lo que ha sido este año para el Ayuntamiento y para Pozuelo de Calatrava. Un balance positivo de un año en el que Pozuelo de Calatrava ha sido uno de los pocos municipios de la provincia de Ciudad Real que ha crecido, tanto en número de habitantes como en bienestar social, rebajando el desempleo desde el comienzo de la legislatura en un 30%, y situando la renta bruta por declarante en algo más de 21.000 euros, lo que sitúa a nuestro municipio entre las 20 localidades con una mayor renta bruta de nuestra provincia.
Como dato significativo y de relevante importancia para el consistorio pozueleño y de todos sus vecinos, la deuda viva se ha bajado desde los 758.000 euros existentes en el año 2015, hasta los 54.789,95 euros a fecha del 21 de diciembre de este mismo año.
Un notable descenso a lo largo de toda la legislatura en los que Julián Triguero y su equipo de gobierno se marcó como uno de los objetivos prioritarios y como compromiso electoral de su programa en 2019 de dejar la deuda del Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava a cero euros, con lo que queda completamente saneado el endeudamiento municipal.
Así mismo, también ha querido resaltar el dato histórico del Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava, que a fecha de este mes de diciembre ha abonado un total de 121.841,55€ en 127 nóminas del personal del consistorio. Cifras que nunca se han dado en nuestro municipio y que de una manera u otra son un claro exponente del progreso económico y social de Pozuelo.
Y todo ello merced a unos presupuestos, que para este año 2022 han ascendido a 2.696.032,42 euros, y que suponen un fortalecimiento de la calidad de vida de los pozueleños, ampliando la prestación de servicios básicos (seguridad, bienestar y medio ambiente), las inversiones en bienes públicos preferentes (educación, cultura y deporte), cumpliendo los periodos reducidos de pago a proveedores, de generar recursos acumulados de tesorería y anticipar la estabilidad presupuestaria, congelando las tasas e impuestos de forma generalizada durante la legislatura, excepto el caso único del agua que no depende del consistorio, ya que en el contrato en vigor, pactado por el anterior gobierno socialista, se contempla la subida del suministro por parte de la empresa adjudicataria con arreglo a la subida anual del IPC.
